Por Isael Pérez Olivier
Previo al tercer informe de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, nada parece tener sentido. Ahora, el tono del diálogo entre el Secretario General de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández y los representantes de los medios de comunicación local, es cada vez más ríspido y deja entrever la impotencia y la desesperación del oficialismo por mantener a toda costa su discurso del: “Tlaxcala seguro”, que solo ellos logran ver, claro, a través de los cristales blindados de las unidades de lujo que los trasladan de un punto a otro de la entidad con total tranquilidad. Camionetas Suburban que por cierto, ni Obama tiene, y cuyo costo alcanzarían los 4.5 millones de pesos cada una, sin que nadie hasta el momento, fuera del primer círculo del poder, tenga la certeza de cuántas son, si 10 o 12, de qué partida presupuestal salió el pago y cuándo y de qué forma se licitó la compra; muchísimo menos, cómo es qué justificaron esa millonaria adquisición de vehículos acorazados, siendo que en el estado más seguro del país ese tipo de vehículos no son necesarios, de acuerdo a su propia narrativa, pero sobre todo, por qué fueron destinados para los integrantes de la familia Cuéllar. Y poniéndonos exquisitos, por qué siguen circulando sin placas, aunque eso ya sería caer en la banalidad.
Y las preguntas, aunque incómodas son muy válidas, y más cuando la realidad nos golpea en el rostro a la ciudadanía de a pie que no encontramos paz ni tranquilidad en nuestro diario acontecer, pues cuando no son robos violentos a casa habitación o robo de vehículos, son asaltos a cuentahabientes y a comensales en taquerías, restaurantes o cafeterías; cuando no, una que otra balacera en centros comerciales; feminicidios, secuestros, extorsión, cobro de piso por parte de grupos criminales, ejecuciones de empresarios y entre integrantes de las propias bandas rivales, que acaparan los titulares de los medios de comunicación casi de forma permanente en los últimos meses y que confronta y contrasta la narrativa institucional.
Por mucho que se pretenda negar el cúmulo de hechos violentos a través de los conductos oficiales, los tlaxcaltecas sabemos que nos encontramos sumidos en la peor crisis de inseguridad de la que se tenga memoria en la historia reciente de nuestra entidad, por lo que la falacia institucional dejó de ser efectiva para apaciguar al pueblo bueno y sabio que hoy exige resultados en el combate al crimen y no solo cortinas de humo para ocultar la realidad.
Tan arraigada está la cantaleta del “Tlaxcala seguro”, que, de los 60 alcaldes, sólo una, la presidenta municipal de San Pablo del Monte, tuvo el valor de aceptar que el hampa ya permeó la estructura administrativa de su Ayuntamiento; los demás, insisten en seguirle el juego a la administración Cuéllar para no poner en riesgo la comprobación fiscal durante su trienio, o incluso su libertad, como le ocurrió al exedil de Zacatelco, alias “El Cachorro”.
En esa frenética búsqueda por acomodar todo a los intereses del gobierno estatal, no solo el intransigente Secretario General de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández quiere alineados a los medios de comunicación a través de un silencio cómplice, si no que ahora desde la Secretaría de Finanzas intentan fiscalizar los contenidos periodísticos para acallar las voces críticas, lo que le ha valido, que directores de algunos medios de comunicación den por concluidos sus convenios de publicidad con el gobierno. Sí, ellos, los periodistas, que prefieren su libertad de opinión y de prensa, antes que sujetarse a una insana relación con la administración morenista que todo lo intenta corromper.