Si de acuerdo con el comparativo nacional de seguridad del Gobierno Federal, el estado de Tlaxcala se ubica en el lugar 26 de las 32 entidades federativas, con un total de 105 homicidios dolosos registrados de enero a septiembre de este año; y si a través del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 del INEGI, se confirmó que Tlaxcala es el estado con la mayor incidencia de robos en carreteras y puentes estatales, entonces cómo es qué la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y su gabinete de seguridad no aceptan que la suya, es una administración incapaz, indolente, inútil y mentirosa, que ha dejado, no solo que las células de los grandes cárteles del crimen organizado tomen el control de las calles y alteren nuestras vidas, sino que también, con su silencio cómplice, den su consentimiento para que los grupos locales dedicados al robo a vehículos de carga, los que se dedican a la trata de mujeres para su explotación sexual, los que operan la sustracción ilícita de hidrocarburos, los que emplean el esquema “Gota a Gota” o los denominados tarjeteros, abonen a este clima de violencia desenfrenada. ¿De lado de quién está la Gobernadora, de la ciudadanía o de la delincuencia?.
Y la duda es razonable, porque mientras los secuestros y homicidios de empresarios van en aumento y los feminicidios son cada vez más frecuentes; el hallazgo de osamentas es algo cotidiano y las balaceras y los robos violentos son el pan nuestro de todos los días, su gobierno no atina a implementar una estrategia efectiva que nos regrese la paz que hemos perdido.
Lo más contundente de sus acciones de gobierno, fue adquirir una decena de camionetas de lujo blindadas por un valor cercano a los 45 millones de pesos, pero solo para asegurar que ella y su familia tengan los máximos cuidados y beneficios que el erario estatal les pueda dar.
Sí, damas y caballeros, unidades blindadas que se suman a más escoltas mientras concluye su sexenio, o incluso más allá, porque sabiendo que esto se iba a poner feo y que se ve difícil que la violencia disminuya a la misma velocidad que creció, ella ordenó una reforma a la ley que le permitirá gozar de ese beneficio, hasta por un lapso de 12 años más, luego de dejar el cargo, y los demás, qué. Ajá, a nosotros el pueblo bueno y sabio: ¡Qué nos cargue la chingada!.
Al menos esa sensación me quedó desde que observé en una fotografía, tomada en un evento privado de la familia Ortiz, dueños del Partido Alianza Ciudadana y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a Lorena Cuéllar Cisneros en compañía del señor “PaletaZ”, un sujeto que fue detenido recientemente en Apizaco por la Fiscalía General de la República, señalado de ser uno de los líderes del crimen organizado en Playa del Carmen, Quintana Roo, quien, por cierto, es esposo de la Diputada Lorena Ruiz García, del Partido Nueva Alianza, del bloque de Morena. Sí, la plana mayor de nuestro gobierno y de la política local en plena convivencia y con contacto directo con los capos que viven y operan desde Tlaxcala. Y lo comento, por si el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, quiere tomar nota de lo acontecido.
Esa fotografía explicaría muchas cosas, entre ellas, el cómo y por qué el número de homicidios dolosos en Yucatán, Baja California Sur, Durango, Campeche, Coahuila y Aguascalientes, son menores a los registrados en Tlaxcala en el mismo lapso. Y todos ellos, crímenes sin castigo porque tenemos un gobierno omiso y permisivo, y al parecer, hasta con profundos nexos con el hampa.
Así es que, si la presidente de México Claudia Sheinbaum Pardo y su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, quieren verdaderamente poner orden en el país, y específicamente en Tlaxcala, tendrán que revisar el actuar de la Gobernadora, de la Fiscal General del Estado y del Secretario de Seguridad Ciudadana, porque como dice el refrán: cuando el río suena, es que agua lleva…
¡Se tenía que decir y se dijo!
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