La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado iniciativas de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, en las que se establecen las disposiciones que regularán la elección de jueces, magistrados y ministros. Tienen el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución de la reforma constitucional al Poder Judicial, expresó la mandataria.
En conferencia declaró que en esta iniciativa considera opciones en aquellos aspectos en que la reforma constitucional asignó responsabilidades al Poder Judicial en la organización de los comicios si se incumplen.
De entrada, si esa instancia no envía al Senado la lista de vacantes de jueces y magistrados, posibilita a esa Cámara a utilizar la información disponible públicamente para emitir la convocatoria general el próximo 16 de octubre.
Sheinbaum fue clara: la reforma constitucional al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar ya el proceso después de la aprobación de estas dos leyes cuyo objetivo es aterrizar cualquier problema que se presente, de tal manera que no todo quede en la convocatoria del Senado, sino que tengamos leyes secundarias.
A pregunta expresa sobre los amparos que se han interpuesto y las disposiciones judiciales para que el Instituto Nacional Electoral detenga el proceso, la Presidenta sostuvo que no hay amparos. Los amparos son para proteger los derechos de las personas. Recientemente hubo una modificación para que un amparo de una persona no pueda tener impactos generales, que eso había sido una modificación previa, salvo en casos excepcionales.
Comentó que aún no hay una cantidad precisa del costo que tendrá la elección en el Poder Judicial, pero mencionó que en la pasada administración, la Secretaría de Gobernación realizó algunas proyecciones que apuntaban a 5 mil millones de pesos. Aún faltan algunos aspectos a definir como son las boletas, además, recordó que la reforma establece que una parte se elegirá en 2025 y otras, en 2027, salvó los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se elegirán el próximo año.
Sobre la elección de jueces y magistrados a nivel estatal, la Presidenta recordó que la propia reforma constitucional establece que en la armonización de sus constituciones a la reforma a la Carta Magna, ellos determinarán si comienzan a elegir parcialmente en 2025 o dejan todo para 2027.
La consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Ernestina Godoy, precisó algunos aspectos de la iniciativa, entre los cuales destacó las tareas del Instituto Nacional Electoral: definir el modelo de boleta, documentación y materiales electorales; asignar tiempos de radio y televisión para promover la elección; organizar foros de debates entre candidatos en coordinación con los medios públicos o privados que lo dispongan; vigilar que ningún aspirante reciba financiamiento público o privado en campañas, determinar el gasto que personalmente pueden erogar y fiscalizar.
Mencionó las fechas claves del proceso: 16 de octubre, Senado emite la convocatoria; 31 de octubre, cada uno de los tres poderes de la Unión instalará sus comités de evaluación; 24 de noviembre, inscripción de aspirantes; 15 de diciembre, los comités de evaluación verificarán los requisitos de elegibilidad; 31 de enero de 2025, los comités realizarán entrevistas con los aspirantes y seleccionarán a los finalistas; 4 y 5 de febrero, los comités insacularán en sesión pública y depuraran los listados; 7 de febrero, aprobarán los listados, y el 12 de febrero el Senado revisa y remite los listados al INE.
A nivel federal, se elegirán la totalidad de ministros de la SCJN y las dos vacantes del Tribunal Electoral; la mitad de jueces de distrito y magistrados de distrito, incluidas las vacantes.
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