LA PLUMA POR LA ESPADA
Por Mario Alberto Macías Palma
Así califica la senadora morenista Ana Lilia Rivera Rivera a una de las 20 iniciativas de reforma constitucionales que envió en paquete para su último mes de mandato presidencial Andrés Manuel López Obrador, una vez logrado el “plan C” de ganar mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Y tiene razón de que es la reforma judicial en la que mayor interés tiene el presidente de México, pues es parte del legado político que quiere dejar a fin de redondear su huella histórica, además de que, aunque hay otras que no logró, esta es la que falta para no verla como fracaso, luego de un sexenio de severa confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo federal.
Si duda el de López Obrador fue un gobierno de cambio, y donde no pudo, por lo menos puso el tema sobre la mesa para debatir, analizar, tomar conciencia del estado de las cosas; así fue en la economía, en la función administrativa, en políticas sociales, en lo electoral, incluso en lo militar y legislativo, pero no pudo hasta el momento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pudo proponer y prácticamente meter a cuatro integrantes de la SCJN, tres ministras y un ministro, a dos los ha acusado de traición, Margarita Ríos Farjat y a Juan Luis González Alcántara Carrancá, por ir en contra de sus intereses y caprichos, mientras dos le son ciegamente leales, Lenia Batres y Jazmín Esquivel.
AMLO tuvo bajo control el manejo de la Suprema Corte con Arturo Saldívar al frente, a quien quiso ampliar su mandato, pero éste prefirió dejar su encargo un año antes e irse a Morena e integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, sin embargo López Obrador, con todo su Poder, no pudo con la votación decisiva para bajar salarios de las y los ministros; le hicieron retroceder en planes y proyectos, no pudo disponer de sus fideicomisos, y un largo etcétera de encontronazos.
En lo que tiene toda la razón el presidente de la República, es en que hay que SACUDIR al Poder judicial de todo el país, de traer a la discusión, al debate, al cambio, a la reforma, a la evolución al sistema de impartición de justicia en nuestro país, que es uno de las más añejas y profundas deudas del Estado mexicano con su pueblo.
Como en muchos otros problemas de nuestra sociedad, el de la justicia hay que hablarlo, discutirlo, acordar y solucionar entre la mayor parte posible de los mexicanos, por ello parece acertada la definición de la Senadora Ana Lilia al calificar de la mayor y mas importante reforma a la Constitución.
Muchas son las deficiencias, vicios y quejas en el Poder Judicial, es justo remover esas arenas.
Pero, ¿el voto acaba con la corrupción? NO.
El Congreso de la Unión podrá alcanzar la modificación, pero ¿los estados y los municipios tendrán conciencia de tal magnitud de reforma? ¿lograrán estos niveles de gobierno un análisis certero y profundo de la iniciativa? ¿diputados locales y cabildos van a entrarle con sabiduría o se limitarán a levantar mano?
ANTECEDENTE
Recordemos que el Congreso local y ayuntamientos tlaxcaltecas aprobaron una reforma constitucional delicada y polémica, y a contrapelo desecharon de un plumazo la tradición local y rompieron el candado para permitir que personas no nacidas en Tlaxcala pudieran acceder el nombramiento más alto en el gabinete del Poder Ejecutivo.
Ser secretario de Gobierno era una exclusividad para políticos originarios de aquí, ya que en tiempos de Emilio Sánchez Piedras se decidió que la política interna debía tratarla un paisano porque sólo así se garantizaría un conocimiento de la gente, de los grupos, las costumbres e idiosincrasia, además que tuviera un sentimiento de pertenencia genuino.
Todo esto se echó al basurero de la historia con la reforma constitucional el año pasado no sólo por esta legislatura, sino por 31 cabildos, los cuales no cumplieron con la mínima discusión o debate previsto en la ley orgánica, ya que hubo sesiones resueltas en tiempo récord, en las que no era humanamente posible darle la lectura obligada.
Es más, ni siquiera los Cabildos redactaron su acta correspondiente, pues los colegiados afines al interés del Ejecutivo recibieron de la Secretaría de Gobierno “un machote” del documento aprobatorio ya redactado para apresurar a síndicos y regidores a levantar la mano.
Vaya que ni siquiera se esperó a verificar qué municipios se sumaban o cuáles se pronunciaron en contra, voz que debe ser oída, pues una vez que llegaron a la mitad más 1, se procedió a proclamarse dicha reforma.
Esgrima…
Para esto la senadora presidenta del Ana Lilia Rivera impulsó un foro con titulares de las instituciones involucradas como la Universidad Autónoma de Tlaxcala que brindó el espacio, insuficiente pero con voluntad, representada por el director de la facultad de derecho, Dante Morales Cruz, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, de Tribunal Electoral de Tlaxcala, de la Barra de Abogados del Estado, entre otros actores y especialistas.
Este encuentro, que debió hacerse en partes ya que se alargó la sesión, pero que logró recoger interesantes conceptos, que seguramente coincidirán con lo expuesto en los “diálogos nacionales por las reformas al Poder Judicial”, pues no hay hilo negro que descubrir toda vez que los conceptos son diagnósticos y demandas añejas del pueblo ante el sistema de justicia, las cuales se prometieron tomar en cuenta para incluirse en “la madre de todas las reformas”.
Estocada:
¿Qué se recogió?
Dante Morales, pidió entre otras cosas no darle oportunidad en la selección de nuevos integrantes del Poder Judicial a deudores alimentarios, y ofreció preparar mejor y actualizar a los universitarios.
Emmanuel Ávila, presidente del ITE, dejó en claro que elegir mediante el voto a ministros, magistrados y jueces, supone una instancia y fecha especial, ya que concatenarlas con las elecciones de representantes populares no es coincidente con territorio ni cantidad de boletas.
Anel Bañuelos Meneses, presidenta del TSJE, indignada pero estoica, defendió el servicio civil de carrera dentro del Poder Judicial, como es su caso, por lo que demandó recompensa al esfuerzo, capacidad y constancia de los trabajadores del sistema de impartición de justicia.
Ana Lilia Rivera Rivera reconoció las observaciones hechas a la iniciativa que vino a exponer en el foro; prometió tomarlas en cuenta, aceptó que 17 boletas electorales es exagerado, exaltó a quienes hacen la labor intensiva en el escritorio: secretarias de acuerdos, proyectistas, etc. y se comprometió a hacer más debates sobre el trabajo del defensor de oficio y restructuración de ministerios públicos.
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