Por Isael Pérez Olivier.
La detención en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, y la posterior puesta a disposición ante un Juez de Control de un presunto implicado en el secuestro y posterior homicidio del empresario Jorge Montiel “El Ranchero”, confrontó a los principales operadores políticos y electorales del gobierno del estado de Tlaxcala, me refiero, al Secretario General de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández y a la Diputada local con licencia Marcela González Castillo con el alcalde de Huamantla Salvador Santos Cedillo, quien no tardó en asumirse como víctima de un embestida institucional para evitar a toda costa su reelección al cargo; esto, luego de que en un audio difundido en la red social ”X”, se filtrara una supuesta conversación entre el encargado de la política interna y ahijado de Lorena Cuéllar Cisneros con la nuera del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, en el que, al parecer, afinaban los detalles sobre ese asunto en particular y respecto a las instrucciones que habrían de girar a la titular de la Procuraduría General de Justicia, para el aseguramiento del hermano del Presidente Municipal emanado del Partido Verde Ecologista, que se encontraba a salto de mata y quien es indiciado en una carpeta de investigación por delitos de alto impacto.
A juzgar por los primeros elementos que se tienen a la mano y sin contar aun con los resultados que arrojen los dictámenes periciales practicados al mencionado audio, hay algunos temas que generarían preocupación y no solo para los involucrados en este escándalo, sino que nos atañen a todos.
El primero, es que, de confirmarse la autenticidad de la conversación grabada, lo que de una vez le adelanto, nunca va a ocurrir por no ser conveniente; pero, si ese fuera el singular caso, se confirmaría que las autoridades encargadas de la procuración de justicia trabajan bajo consigna y sin imparcialidad, lo que obligaría no solo a la inmediata separación del cargo del Secretario de Gobierno y de la titular del Ministerio Público Ernestina Carro Roldán, por retorcer las leyes y las reglas procesales, sino que pondría en jaque al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros de cara al proceso electoral del próximo 2 de junio; y, por supuesto, confirmaría que las conversaciones telefónicas privadas en Tlaxcala, ya dejaron de serlo y que estamos siendo escuchados por Dios sabe quién. Sí, ya sé, ese es un secreto a voces, pero no por eso deja de ser alarmante.
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