El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala (SMA), Luis Antonio Ramírez Hernández, se escudó ante medios nacionales tras ser tachado públicamente por el Frente Nacional de Mujeres como deudor alimentario, pues exhibieron que el funcionario del gobierno lorenista no ha cumplido con sus obligaciones como padre desde el año 2022.
En una entrevista durante el programa República H de El Heraldo de México, el secretario de Medio Ambiente desmintió las acusaciones que lo tachan de ser un deudor alimentario, asegurando que está sujeto a pagar un monto mensual de 11 mil 500 pesos de acuerdo con la orden de un juez en Tlaxcala; sin embargo, su ex esposa asegura que se deslinda de su responsabilidad.
Asimismo, sostuvo que paga un servicio de gastos médicos mayores permanente, pues el menor requiere tratamiento especializado desde su nacimiento, y aún así paga la vivienda y el automóvil de lujo que utiliza su ex esposa y madre de su hijo en el estado de Morelos.
Sin embargo, cabe resaltar que el funcionario asistió a un medio nacional que mantiene convenios con el actual gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, pues en múltiples ocasiones se ha visto el favoritismo por la mandataria estatal en publicaciones impresas.
Además, el funcionario fue denunciado públicamente por el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios de abandonar a su hijo desde el año 2022, negándose a supuestamente entregar pensión alimenticia e ignorando sus responsabilidades como padre.
Tania Vianey Rodríguez, esposa del secretario
de Medio Ambiente, señaló en repetidas ocasiones cuando se manifestaba en público
a las afueras de Palacio de Gobierno de Michoacán y Tlaxcala, a Lorena Cuéllar
y Rabindranath Salazar Solorio, quien es Coordinador General de Política y
Gobierno de la Presidencia de la República, de proteger al deudor alimentario.
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Asimismo, mencionaba que Luis
Antonio Ramírez usó sus influencias en el gobierno de Tlaxcala y los juzgados
de Jiutepec, para evitar pagar su obligación, aparentó que se le redujo el
sueldo de 40 a 10 mil pesos y se inventó dos pensiones alimenticias más, con el
aval del Gobierno de Tlaxcala y de Rabindranath Salazar, quien lo ha colocado
en diversos cargos tanto en el municipio de Jiutepec, en el Banco de Bienestar
y en el actual gobierno de Tlaxcala.
Por su
parte, la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, al ser cuestionada
por medios locales, aseguró que no existe ningún solo caso sobre deuda
alimenticia; sin embargo, dijo que, de existir un acto de ese tipo en su
gobierno, se tomara una decisión, según ella, “no lo va a permitir”.